Reclamación por accidente de tráfico

Si ha sufrido un accidente de circulación o atropello, independientemente de la clase de daños que haya podido sufrir (físicos o personales, o materiales), tiene derecho a una indemnización.

El procedimiento judicial para solicitar la indemnización es muy sencillo. Por una parte, si la compañía aseguradora no ofrece una indemnización adecuada, la demanda se interpondrá ante el juzgado civil, reclamando la cantidad que consideremos oportuna. Si por el contrario, consideramos que el accidente constituye delito o falta, se interpondrá una denuncia ante el juzgado penal, donde se tramitará en juicio la reclamación. Para la interposición de esta denuncia, se dispondrá de un plazo de seis meses desde que se produzco el accidente.

En el caso de que se haya iniciado el proceso penal y se declare que los hechos han constituido delito o falta, este mismo procedimiento determinará la cuantía de la indemnización que deberá pagar la compañía aseguradora por los daños que haya sufrido la víctima, sin necesidad de tener que acudir a la vía civil.

No existe una cantidad fija por indemnizaciones, por lo que la cuantía a percibir dependerá del tipo de daños que hayan sido causados, según el baremo que recoge el Gobierno de forma anual y en el que se establece un criterio para saber qué cantidad establecer para cada tipo de lesión.
La conducción temeraria está prevista como una infracción administrativa muy grave. Para que esta infracción se convierta en ilícito penal es necesario que la temeridad sea patente y clara. La temeridad que integra la infracción administrativa es, en principio, la misma que la que integra el delito, pero la diferencia radica en que la del delito se caracteriza por crear un peligro que sea efectivo y constatable para la vida o la integridad física de las personas que no sean el propio conductor temerario. Así, el riesgo puede ser tanto para terceros ajenos al vehículo, como para los acompañantes del conductor. 

Por lo tanto, para que esta actuación sea constitutiva de delito, se requerirá el dolo del conductor, esto es, que sepa que conduce de forma temeraria, con notoria desatención de las normas reguladoras del tráfico y que está poniendo en peligro la vida de las personas.

Para facilitar la aplicación de este delito, el precepto del Código Penal establece una presunción iuris et de iure para la estimación, en determinados supuestos, de la temeridad manifiesta, exigiendo la concurrencia simultánea de dos circunstancias: conducción a velocidad excesiva y altas tasas de alcohol en sangre o aire expirado, de tal modo que cuando sólo concurra una de ellas, no será aplicable esta presunción, y estaremos ante una infracción administrativa.

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